El decreto presidencial que convoca a la consulta popular para el próximo 7 de agosto quedó en manos clave que definirán su futuro legal y operativo. Mientras el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca formalmente a la jornada electoral, la Corte Constitucional y la Registraduría Nacional son las instituciones encargadas de analizar y tramitar este polémico proceso.
Corte Constitucional: El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del caso
Por sorteo realizado el 12 de junio, el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, asumió la ponencia para estudiar la legalidad del decreto 0639 firmado por el mandatario. Ibáñez, quien ya protagoniza debates sobre la reforma pensional y otras decisiones de alta tensión institucional, evaluará si el Ejecutivo actuó dentro del marco constitucional al convocar a la consulta sin el aval del Congreso.
El punto central de este análisis es la llamada “excepción de inconstitucionalidad” invocada por el presidente Petro para justificar el decreto, argumentando que el Senado incumplió con el plazo para responder a la solicitud de convocatoria. Sin embargo, sectores políticos, académicos y sociales alertan que esta vía puede vulnerar la separación de poderes y sentar un precedente inconstitucional.
En paralelo, la Corte también debe considerar una solicitud de la senadora Paloma Valencia para suspender provisionalmente el decreto mientras se resuelve el fondo del asunto. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, abrió una indagación preliminar contra los ministros que firmaron el decreto, y la Fiscalía investiga posibles casos de prevaricato.
La Registraduría y su rol decisivo
Aunque el decreto ya está expedido, la realización efectiva de la consulta popular depende en gran medida de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza del registrador Hernán Penagos. Este funcionario enfrenta una disyuntiva jurídica y administrativa crucial: iniciar la organización del proceso electoral o esperar la decisión de la Corte Constitucional.
Expertos en derecho electoral, como el exregistrador Alfonso Portela, sostienen que la Registraduría puede y debe abstenerse de avanzar mientras exista incertidumbre sobre la legalidad del decreto. Además, el artículo 104 de la Constitución exige el concepto previo y favorable del Senado para convocar consultas populares, requisito que no fue cumplido en esta ocasión.
Por otro lado, la Registraduría advirtió que no cuenta actualmente con los recursos económicos necesarios para realizar la consulta —estimados en 750 mil millones de pesos— y que, en caso de proceder, será necesario gestionar estos fondos ante el Ministerio de Hacienda.
El contexto político y jurídico
El decreto que convoca la consulta popular incluye 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, la formalización del empleo, condiciones en el sector agrícola, recargos dominicales y licencias para mujeres, entre otras. Sin embargo, más allá del contenido de las preguntas, el debate jurídico gira en torno a si el presidente puede saltarse al Congreso para convocar una consulta por decreto.
En paralelo, el Consejo de Estado analizará la demanda presentada por partidos políticos de oposición e independientes que solicitan la nulidad del decreto por presunta inconstitucionalidad, mientras que la Fiscalía examina denuncias por prevaricato contra algunos ministros firmantes.
Lo que viene
Por ahora, la pelota está en la cancha del magistrado Jorge Ibáñez, quien tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del decreto. Mientras tanto, la Registraduría actúa con cautela, a la espera de un pronunciamiento que despeje las dudas jurídicas para iniciar formalmente la organización de la consulta.
Si el decreto es declarado inexequible, el Gobierno deberá buscar vías alternativas para convocar la consulta, ya sea a través del Congreso, la recolección de firmas o incluso una Asamblea Constituyente, tal como lo ha sugerido el presidente Petro y el Ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre.