El ente acusador señaló que los imputados habrían participado en el desvío de 100.000 millones de pesos mediante un convenio entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La Fiscalía General de la Nación anunció este martes la imputación de cargos a ocho personas, entre exfuncionarios y contratistas, presuntamente involucrados en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno: el desvío de fondos públicos desde la UNGRD.
Entre los señalados se encuentra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y considerado mano derecha del presidente Gustavo Petro. Manrique será imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El caso, que ha sacudido la opinión pública por sus implicaciones políticas y alcance institucional, involucra recursos desviados por un monto cercano a los 100.000 millones de pesos, producto de un convenio firmado entre la UNGRD y la ANT.
¿Quiénes son los otros imputados?
Además de Manrique, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación contra:
- Édgar Riveros Rey, abogado, por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, por concierto para delinquir, peculado por apropiación e irregularidades documentales.
- Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, directivos de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por los mismos delitos.
- Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por lavado de activos.
Un entramado con ramificaciones políticas
El proceso también ha salpicado a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia), cuya situación judicial sigue en suspenso. Su nombre fue mencionado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que colaboran con la justicia.
Según sus testimonios, González habría facilitado la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, lo que podría abrir un nuevo frente en el caso si se confirma su implicación directa.
La Fiscalía fue enfática en que estas imputaciones hacen parte de un conjunto más amplio de investigaciones para desarticular lo que denominó una red de corrupción institucionalizada dentro de la UNGRD.
“Estamos ante un caso que compromete la integridad institucional del Estado. La judicialización efectiva de estos hechos es prioritaria para recuperar la confianza ciudadana y frenar la impunidad en el manejo de recursos públicos”, expresó el ente acusador en su comunicado oficial.