La Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación inmediata del exsenador Ciro Ramírez, investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’. En las próximas horas recuperará su libertad, el excongresista continuará vinculado al proceso judicial.
El fallo, emitido por la Sala Especial de Primera Instancia, respondió a una solicitud de la defensa técnica del exsenador del partido Centro Democrático. En el documento se lee:
“Decide la Sala Especial de Primera Instancia la solicitud de libertad provisional formulada por la defensa técnica de CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, contra quien la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación el 11 de abril de 2024”.
La Corte argumentó que las condiciones que motivaron la privación de la libertad del exparlamentario han cambiado. En el fallo se advierte que, a esta altura del proceso, no existe riesgo de que Ramírez obstruya la recolección de pruebas, ya que estas fueron practicadas en su totalidad.
“A juicio de esta Corporación, lo que se observa es que el pronóstico formulado por la Sala de Instrucción en relación con la posibilidad de que la libertad del aforado pueda poner en riesgo el recaudo probatorio ha cesado. Ello en vista de que en este estadio procesal no le será posible influir los testimonios, dado que ya fueron practicados en su totalidad por esta Sala”, indicó el alto tribunal.
Pese a la solicitud de la defensa para obtener la libertad por vencimiento de términos, esta fue negada.
En su decisión, la Corte determinó:
“Revocar la medida de aseguramiento impuesta a Ciro Ramírez por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.
Finalmente, se ordenó su liberación inmediata. Sin embargo, la Corte dejó claro que Ramírez continuará siendo investigado.
“El exsenador seguirá vinculado al proceso conocido como ‘Las Marionetas’”, concluyó la decisión.
Ciro Ramírez es señalado de presuntamente utilizar su cargo y sus influencias políticas para manipular la adjudicación de contratos a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), los cuales eran ejecutados por la empresa Proyecta Quindío.