En respuesta al ataque perpetrado en la madrugada del lunes 28 de abril, en el que fueron asesinados siete militares en zona rural de San José del Guaviare, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezó una reunión de seguridad con la Cúpula Militar, la Policía Nacional y autoridades locales, con el fin de evaluar la situación de orden público y reforzar la presencia del Estado en el territorio.
Durante su intervención, el Ministro anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Miller’, señalado como cabecilla de la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC y presunto responsable del atentado contra las tropas. El sujeto, un exfirmante del Acuerdo de Paz, tiene varias órdenes de captura vigentes y podría enfrentar hasta 37 años de prisión por el crimen.
“El Estado colombiano está presente con toda su capacidad. La Fuerza Pública está desplegada con determinación para proteger a la ciudadanía y enfrentar a los grupos armados ilegales que pretenden sembrar el terror”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.
Los uniformados asesinados prestaban seguridad en un Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR), parte de los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz firmado en 2016. El Ministro expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y condenó enfáticamente el crimen. “Protegían la vida de los colombianos. La gratitud de la patria nunca será suficiente frente a su irreparable ausencia”, señaló.
La situación de violencia en la región, según el Ministerio, se ha agravado por una ruptura entre los cabecillas alias Iván Mordisco y alias Calarcá, quienes ahora se disputan el control del territorio, incrementando los homicidios, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores, principalmente en comunidades indígenas.
Ante este contexto, el Gobierno Nacional ha enviado una comisión evaluadora para esclarecer lo ocurrido y facilitar la toma de decisiones que permitan recuperar el control de la zona. Mientras tanto, el Ministro ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional mantener el máximo nivel de alerta, atacar los fenómenos criminales y proteger tanto a la población civil como a sus propias tropas.
“El Estado tiene el deber de estabilizar el control territorial y garantizar la seguridad de todos los colombianos”, concluyó.
