La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a los Generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, junto con 25 oficiales y 10 suboficiales.
Estos fueron imputados por su responsabilidad en la ejecución de 442 personas en Antioquia, presentadas falsamente como bajas en combate entre 2004 y 2007. Los excomandantes de la Brigada IV del Ejército fueron señalados como responsables de la política de facto del «conteo de cuerpos», que incentivó y sistematizó las ejecuciones extrajudiciales en la región.
Según la JEP, entre enero de 2004 y diciembre de 2007, se registraron 270 hechos en los que 442 personas fueron asesinadas . La investigación determinó que estas acciones respondieron a la presión de los altos mandos, quienes exigían resultados operacionales para ascensos, reconocimientos y beneficios dentro de las Fuerzas Armadas.
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Las pruebas incluyen testimonios de 146 exintegrantes de la Brigada IV, documentos oficiales y archivos militares. Según la JEP, la estrategia de seguridad se distorsionó para convertir la obtención de «bajas» en el único indicador de éxito. Se crearon rankings entre unidades militares y se ofrecieron incentivos como medallas, permisos y cursos en el extranjero para quienes más muertes reportaran. Al mismo tiempo, los oficiales que no cumplían con estas exigencias eran amenazados o trasladados a zonas de alto riesgo.
En mensajes radiales dirigidos a las tropas, los generales insistían en la necesidad de incrementar las bajas. En marzo de 2004, el general González Peña afirmó: «Lo único que cuenta son las bajas». A finales de 2006, Rodríguez Clavijo presionaba a sus oficiales con frases como «si usted no hace una baja, lo meto allá donde esté el enemigo». Piza Gaviria, por su parte, impuso cuotas mensuales de al menos 30 bajas por unidad.
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Tres modalidades de falsos positivos
La JEP identificó tres patrones principales de ejecuciones extrajudiciales:
Asesinato de civiles señalados arbitrariamente como guerrilleros o colaboradores.
Las víctimas eran retenidas en sus hogares o espacios públicos por militares y paramilitares bajo acuerdos de cooperación criminal. En 22 casos con 41 víctimas, se documentó tortura previa al asesinato.
Captación de víctimas con falsas ofertas de trabajo. Reclutadores civiles y paramilitares engañaban a personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica para trasladarlas a zonas rurales donde eran ejecutadas por el Ejército y presentadas como bajas en combate.
Asesinato de combatientes rendidos o capturados. En varios casos, guerrilleros que se entregaron voluntariamente fueron ejecutados tras proporcionar información o entregar sus armas. Un caso emblemático es el de la niña Martha Olivia Duque García, asesinada el 24 de agosto de 2004 en Cocorná, Antioquia. Herida en combate, alzó las manos en señal de rendición y suplicó por su vida, pero fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’.
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Según la JEP de las 442 víctimas documentadas, 413 eran hombres y 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño). Además, 26 eran niños y niñas. La mayoría eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y su área metropolitana, trabajadores informales, recicladores, vendedores ambulantes y personas en situación de vulnerabilidad. También hubo estudiantes, técnicos y profesionales. Las zonas más afectadas fueron el Oriente antioqueño, el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia
Las ejecuciones extrajudiciales dejaron daños irreparables en las familias y comunidades. Las víctimas fueron estigmatizadas como guerrilleros y sus familias enfrentaron amenazas, desplazamientos forzados y dificultades para acceder a la justicia. Muchas madres y esposas de los asesinados asumieron la búsqueda de sus seres queridos, comprometiendo su estabilidad económica y emocional.
