Una nueva denuncia de acoso se ha presentado en el Ministerio de Igualdad y Equidad, esta vez involucrando al viceministro de Pueblos, Nelson Lemus. La acusación fue presentada por la funcionaria Sandra Milena Cobos Angulo, quien decidió renunciar irrevocablemente a su cargo después de denunciar presuntos actos de acoso sexual por parte de su superior directo.
Cobos Angulo, lider del Pueblo Muisca de Bosa con experiencia en asuntos indígenas, relató que su jefe, Lemus, había adoptado comportamientos que ella consideró inapropiados desde el inicio de su relación laboral, que comenzó el 8 de junio. Según su testimonio, Lemus la saludaba de manera excesivamente cariñosa, abrazándola y dándole besos. A lo largo del tiempo, las situaciones de acoso se fueron intensificando, con el viceministro pidiendo que ella se quedara más allá de su jornada laboral para hablar sobre tareas pendientes, y durante estas conversaciones, él le manifestaba su simpatía.
Sin embargo, la situación se volvió aún más desconcertante cuando, según relató Cobos Angulo, el viceministro la invitó a un viaje de trabajo al departamento de Caquetá. Sandra, preocupada por la solicitud de Lemus donde le informó que viajarían en su vehículo personal, decidió rechazar la invitación, pero se vio presionada a demostrar su excusa de acompañar a su padre a una cita médica, cuando él le exigió confirmar sus compromisos familiares en un teléfono en altavoz.
La denuncia incluye una serie de comportamientos que, según Cobos Angulo, evidencian una conducta inapropiada por parte de Lemus. Entre los hechos más graves, destaca una interacción posterior en la que, después de su rechazo al viaje, el viceministro mostró clara molestia por lo que consideraba un desaire personal.
Ante la gravedad de la denuncia, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Igualdad y Equidad ha enviado una carta al viceprocurador general de la Nación, pidiendo que la Procuraduría General de la Nación investigue a fondo este caso de acoso laboral y sexual. Esta nueva denuncia resalta la necesidad urgente de medidas que garanticen un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todas las funcionarias y funcionarios públicos.