Sandra Ortiz seguirá detenida tras decisión judicial en el escándalo de corrupción de la UNGRD
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, permanecerá bajo medida de aseguramiento en la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de que la juez decidiera no revocar la decisión de su detención. Esta medida, que había sido impuesta el 18 de diciembre de 2024, fue confirmada por la jueza 21 de Conocimiento de Bogotá, quien desestimó la petición de la defensa de Ortiz para que se le concediera la detención domiciliaria.
Ortiz está vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un entramado de desvío de recursos públicos que involucró la compra irregular de carrotanques destinados a La Guajira. La exfuncionaria está imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, y se le señala como una de las piezas claves en el proceso de entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, en un presunto esquema de corrupción.
El Caso
La Fiscalía investiga a Ortiz por presuntamente haber desempeñado un papel crucial en la manipulación de contratos y en la entrega de sobornos que habrían sido destinados a favores políticos, a cambio de respaldo en el Congreso para proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y otros testimonios, Ortiz fue la emisaria que transportó los 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, presidente del Senado, quien habría sido el destinatario final de los fondos.
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La exconsejera, quien no ha aceptado los cargos, en una audiencia reciente defendió su inocencia, asegurando que era víctima de un complot orquestado por una figura poderosa dentro del gobierno de Petro, a quien no identificó. Según Ortiz, este complot fue diseñado para crear un «chivo expiatorio» y desviar la atención hacia ella, mientras otros personajes cercanos al poder quedaban fuera del radar.
Vea la audiencia y decisión de negar la detención domiciliaria a Sandra Ortiz aquí:
El caso de Sandra Ortiz está en el epicentro de un escándalo que ha sacudido las altas esferas políticas y judiciales del país. La investigación de la UNGRD está relacionada con los sobrecostos e indebida gestión de fondos públicos en la compra de carrotanques para La Guajira, una región azotada por la crisis del agua. En total, el escándalo involucra desvíos de recursos por 46.800 millones de pesos, dinero que supuestamente fue desviado hacia intereses políticos y privados a través de una red de contratistas corruptos.
El caso también ha salpicado a altos funcionarios del Congreso, entre ellos Iván Name, quien ha sido señalado como beneficiario de los sobornos. Las implicaciones políticas de esta investigación son de gran envergadura, ya que ha expuesto la presunta interacción entre el poder legislativo y el ejecutivo en la manipulación de recursos para intereses particulares.
La defensa de Ortiz y su futuro judicial
La defensa de Sandra Ortiz, había solicitado que se le permitiera cumplir su medida de aseguramiento en su domicilio, alegando que la exconsejera no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la jueza consideró que, dados los elementos presentados por la Fiscalía, existía una «inferencia razonable de autoría o participación» en los graves delitos imputados que afectan el patrimonio del Estado, lo que justificaba su permanencia en prisión preventiva.
El caso de la UNGRD es uno de los más complejos que ha enfrentado el gobierno actual, no solo por la magnitud de los recursos malversados, sino por la implicación de figuras políticas clave que podrían haber facilitado la trama corrupta.
¿Quién es Sandra Ortiz? Ex consejera Presidencial vinculada por caso de corrupción UNGRD?
Sandra Liliana Ortiz Nova, nacida el 6 de marzo de 1977 en Paz de Río, Boyacá, es una reconocida política colombiana afiliada al Partido Alianza Verde.
Ortiz inició su carrera política a nivel local, pero su impacto a nivel nacional se consolidó tras ser elegida Representante a la Cámara por Boyacá en el periodo 2014-2018, bajo las banderas del Partido Verde. Durante su gestión, se destacó por haber obtenido 9.862 votos, la mayor votación del departamento en esas elecciones. Este respaldo le permitió dar un salto al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2018, donde alcanzó una curul con 27.176 votos.
En el Congreso, Sandra Ortiz ocupó posiciones de relevancia, como la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, además de ser miembro de la Comisión Tercera de Impuestos y Presupuesto.
Tras finalizar su paso por el Senado en 2022, Sandra Ortiz fue nombrada en mayo de 2023 como Consejera Presidencial para las Regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, su trayectoria política se ha visto empañada por los recientes señalamientos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz ha sido vinculada como presunta emisaria de sobornos multimillonarios, lo que ha derivado en su citación a una imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso la ha convertido en la primera alta funcionaria del gobierno Petro en ser procesada formalmente por corrupción.