El Consejo de Ministros convocado por la Presidencia de la República de Colombia, previsto para este martes 21 de enero, será el escenario donde se firmarán los primeros decretos dentro del marco de la declaratoria de conmoción interior y emergencia económica, anunciada por el presidente Gustavo Petro. Aunque el aplazamiento de este consejo, originalmente programado para el lunes, ha generado incertidumbre, se espera que en esta reunión se definan las facultades especiales que le permitirán al Gobierno Nacional enfrentar la grave situación de orden público en la región del Catatumbo, particularmente las secuelas de la violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo.
Este miércoles 22 de enero se espera que el Presidente Gustavo Petro realice su primer viaje internacional del 2025. Aunque la Presidencia de la República no ha confirmado la visita oficial, desde el gobierno de Haití aseguraron que el mandatario llegará a la ciudad de Jacmel para adelantar reuniones bilaterales con el país centraméricano.
La medida tomada por el presidente Petro se fundamenta en el artículo 213 de la Constitución de 1991, que establece el estado de conmoción interior como una respuesta excepcional a situaciones de grave perturbación del orden público que amenacen la estabilidad del Estado y no puedan ser resueltas con las atribuciones ordinarias de las autoridades. Esta figura, que no se utilizaba desde 2002, otorga al presidente facultades extraordinarias para tomar decisiones urgentes sin necesidad de la intervención del Congreso.
¿Qué es el Estado de Conmoción Interior?
El estado de conmoción interior es una herramienta constitucional que permite al presidente declarar una emergencia nacional en situaciones donde el orden público se vea gravemente alterado, como ocurre en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado más de 20,000 desplazados y decenas de muertos. La medida está dirigida a frenar la violencia y restaurar el orden, y, a diferencia del estado de sitio, no implica la suspensión de derechos fundamentales de manera generalizada. Sin embargo, permite la adopción de medidas excepcionales como el despliegue de fuerzas militares, la toma de decisiones económicas y la promulgación de decretos con fuerza de ley, todo sin el concurso del Congreso.
La duración de esta medida es limitada a 90 días, aunque puede ser prorrogada por otros dos períodos si el Senado lo aprueba. Las decisiones tomadas durante este periodo estarán sujetas al control posterior de la Corte Constitucional, que tiene la potestad de revisar la legalidad y la justificación de la medida. Este control judicial es fundamental, ya que busca prevenir abusos de poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Procedimiento para Firmar los Decretos
Según el procedimiento estipulado en la Constitución, para que el estado de conmoción interior se materialice, el presidente debe firmar el decreto junto con todos los ministros del gabinete, lo que garantiza que la decisión sea un acuerdo colectivo del Gobierno. El Consejo de Ministros de este martes 21 de enero es clave, ya que en él se espera la firma de los primeros decretos de emergencia que formalizarán el uso de estas facultades extraordinarias.
Aunque aún no se conocen los detalles específicos de las facultades que se otorgarán en los decretos, el presidente Petro ha señalado que la medida no solo busca el copamiento militar en las regiones afectadas, sino también una transformación económica de estas áreas golpeadas por la violencia, como el Catatumbo. El objetivo, según Petro, es garantizar que el control del territorio no solo se logre mediante la fuerza, sino también a través de proyectos que fomenten el desarrollo y la paz a largo plazo.
El estado de conmoción interior implica una serie de medidas extraordinarias que permiten al gobierno actuar rápidamente frente a emergencias extremas, pero también conlleva riesgos de abuso si no se maneja con transparencia y en un marco de respeto a los derechos humanos. Esta figura, aunque legal, ha sido objeto de críticas, sobre todo por parte de defensores de derechos humanos, quienes temen que se utilice para restringir libertades.
El precedente histórico de la conmoción interior en Colombia revela que, aunque ha sido invocada en momentos de grave crisis, también ha estado marcada por controversias. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, se decretaron varias conmociones interiores, entre ellas una en 2002, ante el recrudecimiento de la violencia por parte de grupos guerrilleros.
En el contexto actual, el Catatumbo representa una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, con miles de desplazados y comunidades atrapadas en el fuego cruzado de grupos armados. En este escenario, el gobierno de Petro enfrenta el desafío de equilibrar las medidas de control del orden público con la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar el agravamiento de la crisis humanitaria.
El presidente Petro ha hecho un llamado para que el poder judicial apoye las medidas tomadas, ya que, aunque el presidente tiene facultades extraordinarias,
El presidente Gustavo Petro realizó su anuncio a través de la red social X “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”.
Hace 17 años no se declara la conmoción interior en Colombia.
De hecho, la última asociada directamente a orden público fue en 2002, hace 23 años.
En el Gobierno del expresidente Cesar Gaviria se emitió por primera vez el EStado de Conmoción Interior en el año 1992, para la excarcelación masiva de detenidos, la segunda fue también en el año 1992 por agravación del orden público por acciones terroristas de la guerrilla y duro 90 días y la tercera fue en 1994 por ataques de la guerrilla e incremento general de la violencia en el país y duro 10 días.
Luego Ernesto Samper tambien recurrio a esta figura en el año 1995 por incremento de la violencia, la criminalidad y los ataques guerrilleros, el estado duro 90 días, la quinta fue con Samper en el año 1996 por asesinato del candidato presidencial Alvaro Gomez hurtado y duró 90 días , donde se limitó la libertad de expresión y de prensa adempás de la libertad de locomoción.
Alvaro Uribe emitió el sexto decreto de conmoción en 2002 por los ataques guerilleros y amenazas a alcaldes y gobernadores durante 90 días y la septima fue en el año 2008 también por Uribe durante el paro de la rama judicial en el que participaron 42.000 empleados.
Juan manuel Santos, Pastrana e Ivan Duque no decretaron estado de conmoción interior
