El reciente informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha arrojado luz sobre las irregularidades y violaciones sistemáticas que marcaron las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Según el organismo internacional, las circunstancias que rodearon este proceso electoral no solo comprometen su transparencia, sino que también configuran una grave alteración del orden constitucional.
Un proceso bajo la sombra del autoritarismo
El informe describe cómo el régimen de Nicolás Maduro presuntamente utilizó su control sobre diversas instituciones del Estado para sabotear la participación política de la oposición y garantizar su continuidad en el poder. Desde el inicio, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron herramientas del oficialismo para inhabilitar candidatos, perseguir a opositores y restringir derechos fundamentales.
“La opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos registradas impiden una legalidad democrática”, destacó la CIDH. Además, denunció la negativa del CNE a publicar las actas de votación y la suspensión de la transmisión de resultados, dejando en la oscuridad un proceso que, según datos recopilados por la oposición, habría favorecido a Edmundo González Urrutia, quien aparentemente obtuvo el 83,5% de las actas totales.
Represión como estrategia de control
El informe señala que las elecciones en Venezuela estuvieron marcadas por una escalada de represión. Unas 300 manifestaciones espontáneas, surgidas como respuesta al fraude electoral, fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles armados. Bajo la llamada «Operación Tun Tun», el gobierno de Maduro intensificó su persecución política, dejando un saldo de al menos 25 personas asesinadas, más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
l Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEO-FANB, confirmó el despliegue de 1.200 efectivos en toda Venezuela para así “garantizar la paz” durante la toma de posesión de la Presidencia, proyectada para el próximo 10 de enero.
