
Brasilia — La Corte Suprema de Brasil se encuentra en las etapas finales de un juicio histórico que podría definir el futuro político y personal del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una organización criminal tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El proceso, que comenzó esta semana, tiene a Bolsonaro y a otros siete coacusados —incluidos exministros y altos mandos militares— en la mira de la justicia brasileña por delitos que van desde intento de golpe de Estado hasta asociación criminal. De ser hallado culpable, el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas podría enfrentar hasta 43 años de prisión.
La acusación: un plan sistemático para quebrar la democracia
El magistrado Alexandre de Moraes, quien instruye el caso, fue el primero en pronunciar su voto. En una exposición de cinco horas, de Moraes argumentó que Jair Bolsonaro encabezó una «organización criminal» que se articuló desde 2021 con el objetivo de desconocer el resultado electoral y mantenerse en el poder, incluso por medios violentos o ilegales.
“No hay dudas de que se intentó socavar el Estado de derecho. Esta organización estaba bajo las órdenes de Bolsonaro”, sostuvo el juez durante la audiencia, transmitida en vivo por televisión nacional. Añadió que el esquema no solo contemplaba el uso de desinformación y ataques a las instituciones, sino incluso “una agenda para un golpe de Estado”, en manos del entonces jefe de seguridad del mandatario, el general retirado Augusto Heleno.
Moraes también recordó que existieron planes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio magistrado, según información proveniente de investigaciones de inteligencia.
Deliberaciones bajo tensión y seguridad reforzada
Las sesiones se desarrollan en un ambiente tenso, con fuerte presencia policial en la sede del Tribunal Supremo en Brasilia. Bolsonaro de 70 años que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y alega problemas de salud derivados del atentado que sufrió en 2018, no se ha presentado a las audiencias.
Según su defensa, el exmandatario “se encuentra en condiciones delicadas” y no está en condiciones de asistir físicamente a las sesiones. No obstante, medios locales y analistas apuntan a que su ausencia también obedece a una estrategia legal para evitar exposición mediática y posibles nuevas imputaciones durante el proceso.
Votos en contra: 2-0 a favor de la condena
Con los votos ya emitidos por los jueces Alexandre de Moraes y Flávio Dino —exministro de Justicia del actual gobierno—, el juicio se inclina hacia la condena. Se requiere una mayoría simple de tres votos de los cinco magistrados que componen el tribunal para que la sentencia sea efectiva.
Flávio Dino calificó los hechos como “graves y lesivos para la democracia brasileña” y enfatizó que las acciones de Bolsonaro y sus aliados no pueden ser objeto de indulgencia legislativa o perdón político.
«Brasil casi volvió a una dictadura», alertó Moraes durante su intervención, en una frase que ha resonado con fuerza en los medios y en la opinión pública.
Reacciones políticas: polarización nacional
La figura de Bolsonaro continúa generando una profunda división en Brasil. Según una encuesta reciente del Instituto Datafolha, el 53% de los brasileños considera que el magistrado Moraes está actuando conforme a la ley, mientras que el 39% cree que el expresidente está siendo perseguido por motivos políticos.
Desde el bolsonarismo, las críticas no se han hecho esperar. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, denunció que el juicio tiene un carácter “claramente político” y acusó a Moraes de actuar con “odio y como un líder del gobierno dentro de la corte”.
Por su parte, el presidente Lula da Silva lanzó un mensaje directo a su predecesor: «Si eres inocente, demuéstralo», en referencia al silencio de Bolsonaro ante las acusaciones.
El contexto: el 8 de enero y la sombra de un asalto al poder
Uno de los puntos clave del juicio es la posible implicación de Bolsonaro en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en un intento por derrocar al nuevo gobierno. La fiscalía sostiene que el exmandatario fue uno de los instigadores de esta insurrección fallida.
Si bien el golpe de Estado no se concretó, las autoridades afirman que estuvo peligrosamente cerca de lograrse, y que solo la falta de apoyo decidido por parte de la cúpula militar impidió un quiebre institucional.
¿Qué sigue?
Los cinco jueces del Tribunal Supremo tienen hasta este viernes, 13 de septiembre de 2025, para emitir su veredicto final. Si Bolsonaro es condenado, aún podría apelar la decisión. Sin embargo, un fallo en su contra marcaría un hito sin precedentes en la historia democrática de Brasil y reconfiguraría el panorama político del país.
En paralelo, sectores aliados al expresidente ya han comenzado a presionar por una eventual amnistía legislativa, aunque los delitos imputados —por su gravedad institucional— difícilmente podrían ser objeto de perdón sin un amplio debate público y parlamentario.
El juicio a Jair Bolsonaro es, más que un proceso penal, que pone a prueba no solo al sistema judicial, sino a toda la sociedad brasileña, profundamente dividida entre quienes ven a Bolsonaro como un mártir político y quienes lo consideran una amenaza a la república.