En una exhaustiva investigación, la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Departamento del Atlántico, que involucran un monto total de $66.043 millones. Se están adelantando 74 procesos de responsabilidad fiscal, destacando casos significativos que arrojan luz sobre presuntas malversaciones y falta de gestión adecuada de fondos destinados a proyectos clave.
Uno de los casos más destacados involucra la construcción de centros de desarrollo en Soledad, Manatí y Santo Tomás, con un daño cuantificado en $5.016 millones. La Contraloría ha identificado deficiencias en la planeación del contrato, falta de aceptación por parte de la comunidad, incumplimientos normativos y la necesidad de reformulación financiera de los proyectos.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades encontradas en le ejecución del contrato de obra pública No. 0108*2019*000174, cuyo objeto fue el “Mejoramiento de la vía Ye de Piojó – Azucena – Autopista al mar en el Departamento del Atlántico”, suscrito entre el Departamento del Atlántico y el Conglomerado Técnico Colombiano S.A.S por un valor de $18.712 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en un hallazgo fiscal adelantado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en el cual se evidenció que la obra presenta en algunos tramos una serie de patologías y deficiencias en la carpeta de rodadura construida tales como: Fisuras longitudinales y transversales, discontinuidades en la carpeta asfáltica, rigidizarían de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido al exceso envejecimiento del asfalto y espesor insuficiente en la capa de rodadura. Dice en el comunicado de la entidad
Además, se ha revelado una serie de irregularidades en la gestión fiscal del Hospital Universitario Cari E.S.E. de Barranquilla, donde se estima un daño de $2.404 millones. La falta de gestión y oportunidad en la radicación de facturas ha contribuido a una situación financiera precaria en la institución de salud.
Estos casos han llevado a la Contraloría a señalar a diversos responsables fiscales, incluyendo altos funcionarios del Departamento del Atlántico, contratistas y empresas involucradas en los proyectos
También se destaca presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de dotación de siete sedes del SENA para ofrecer programas de formación. Este proyecto, aprobado por el OCAD Región Caribe mediante el Acuerdo 73 del 28 de junio de 2019, tenía como objetivo garantizar el desarrollo de programas educativos para 71.340 estudiantes en áreas como Operaciones Comerciales, Madera y Muebles, Metalmecánica, Confecciones, Gastronomía y Bilingüismo, Ecoturismo, y Agroempresarial en varios municipios del Atlántico.
La cuantía del presunto daño asciende a $3.123 millones. La auditoría realizada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República reveló que los elementos contratados no fueron entregados al SENA, la entidad beneficiaria del proyecto. Como consecuencia, no se ha podido poner en marcha el servicio destinado a la comunidad educativa.
En el transcurso de esta actuación, la Contraloría ha vinculado a las compañías aseguradoras con el objetivo de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio. Este proceso destaca la importancia de una gestión transparente y eficiente en la ejecución de proyectos educativos, subrayando la necesidad de una fiscalización rigurosa para salvaguardar los recursos públicos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes están destinados.