La región del Catatumbo, en el norte de Santander, atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente. La intensificación de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha desatado un éxodo masivo de miles de personas, obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y supervivencia. En tan solo cinco días, más de 20.000 personas se han desplazado, y la cifra sigue en aumento.
Desplazados Arriban a Cúcuta y Ocaña
Según el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, la capital de Norte de Santander ha recibido a aproximadamente 11.600 desplazados desde el comienzo de esta crisis, y el flujo de personas continúa. En el Estadio General de Santander, cientos de familias se apiñan, con apenas lo que pudieron cargar al huir de sus hogares. Sin tiempo para llevarse más que lo esencial, estas familias llegan con el rostro marcado por el miedo, la incertidumbre y el hambre.
“Ayer eran cerca de 19.000, pero ya superamos los 20.000 desplazados. Esto es una tragedia humanitaria que requiere atención inmediata”, Alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo.
“Esta es una tragedia humanitaria que necesita atención inmediata”, afirmó Acevedo en declaraciones recientes. La situación es crítica, y aunque las autoridades locales, con apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, están realizando censos y prestando asistencia, los recursos disponibles se han visto superados por la magnitud del desplazamiento.
Las familias en medio de las confrontaciones deben salir de sus hogares solo con lo que tienen puesto, llevando a sus hijos para salvarles la vida y ahora tienen que afrontar hambre, necesidades y miedo.
La Procuraduría General de la NAción envió una Comisión Humanitaria Extraordinaria a Norte de Santander, donde constató que cerca de 46.000 niños no han podido iniciar clases en la región del Catatumbo y se desconoce el paradero de varios firmantes de paz del ETCR Caño Indio.
Ocaña también se ve desbordada
Ocaña, otro de los municipios más cercanos a la zona de conflicto, ha tenido que habilitar espacios como el coliseo municipal y la plaza de ferias para albergar a los desplazados. Emiro Cañizares, alcalde de la localidad, reportó la llegada de unas 9.000 personas, lo que representa un aumento significativo en la población de la región. Las capacidades locales para ofrecer ayuda se han visto rebasadas, y la demanda de alimentos, ropa y atención médica es cada vez más urgente.
El Gobierno Nacional, junto con la Gobernación de Norte de Santander, ha enviado algunas ayudas, incluyendo toneladas de insumos básicos, pero las necesidades son muchas y la respuesta aún es insuficiente. “El apoyo que hemos recibido es vital, pero necesitamos más recursos para poder atender a los miles de desplazados de manera adecuada”, subrayó Cañizares.
Una crisis marcada por la violencia y el despojo
El escenario de violencia que ha obligado a estas familias a huir de sus hogares no muestra señales de cesar. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC se han intensificado, afectando gravemente a municipios como Tibú, El Tarra y Teorama. Además de las muertes, que superan las 80 víctimas, los secuestros, amenazas y ataques indiscriminados contra la población civil se han vuelto moneda corriente en el Catatumbo.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, ha calificado esta situación como una de las crisis más graves que ha enfrentado la región en décadas. Según la funcionaria, los grupos armados violan sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario, atacando tanto a combatientes como a civiles, sin distinción alguna. «Se exige el cese de las hostilidades, el respeto por la población civil y el acceso humanitario a las zonas más afectadas«, añadió Marín.
Impacto en la niñez y la educación
Un aspecto particularmente alarmante de esta crisis es el impacto que está teniendo en la niñez. Se estima que alrededor de 1.840 niños han llegado desplazados a Ocaña, muchos de ellos en condiciones de salud precarias debido al estrés y las difíciles circunstancias de su huida. Además, más de 46.000 niños han sido privados de su derecho a la educación, ya que las escuelas en la región han cerrado sus puertas debido a la violencia.
“El conflicto no solo ha desplazado a las familias, también les ha robado a los niños su derecho a una infancia tranquila y a una educación”, lamentó el alcalde Cañizares, quien destacó la gravedad de este problema para el futuro de la región.
Un llamado urgente a la paz y la recuperación del territorio
Los alcaldes de Cúcuta y Ocaña han coincidido en que esta crisis no puede resolverse solo con medidas de emergencia. Es imperativo que el Gobierno Nacional implemente políticas de desarrollo sostenible en el Catatumbo, que incluyan la construcción de infraestructura, la recuperación del control territorial y la implementación de proyectos de paz a largo plazo.
“La gente del Catatumbo quiere regresar a sus hogares, pero solo lo hará cuando haya paz y seguridad”, señaló Jorge Acevedo, quien agregó que esta situación también representa una oportunidad para que el Estado recupere el control de un territorio marcado por décadas de conflicto.
Los desplazados, han dejado claro que su esperanza no está en ser simplemente asistidos, sino en poder regresar a sus hogares cuando la paz y la seguridad les permitan hacerlo.
Reporte de la Defensoría del Pueblo
“Estamos ante una de las crisis humanitarias más grandes y graves que ha enfrentado el Catatumbo, si es que esta no es la mayor, y el Catatumbo ha sufrido mucho”, aseguró la Defensora, quien advirtió, además, que en solo cuatro días se han registrado al menos 11.000 personas desplazadas.
Los municipios más afectados son Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Acarí, Ábrego y San Calixto. Asimismo, continúan los secuestros y el amedrantamiento general contra la población civil.
“Hay vulneración generalizada del principio de distinción, con ataques indistintos a combatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas”, agregó.
Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz y personas de especial protección constitucional, incluyendo niños y niñas.