Contraloría detecta hallazgos fiscales por $4.161 millones en polémica compra del predio “La Grosería” en Cesar
La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal y disciplinario por $4.161 millones en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tras detectar irregularidades en la compra del predio rural “La Grosería”, ubicado en el municipio de Chimichagua, Cesar, y adquirido para ser incorporado al Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral.
El informe, emitido por la Delegada para el Sector Agropecuario, concluye que la propiedad fue comprada pese a que la ANT tenía conocimiento previo de que el terreno estaba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble. Esta situación estaba documentada formalmente en un Acta de Compromisos suscrita por entidades del orden nacional, autoridades municipales, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y organizaciones campesinas del Cesar.
En ese documento se reconocía la presencia de asentamientos campesinos en el predio y se ordenaba la creación de una mesa de diálogo para resolver los conflictos de tierra. Incluso, la oferta del predio a la ANT había servido como argumento para suspender operativos de desalojo anunciados por las autoridades locales.
Incumplimiento de requisitos técnicos
De acuerdo con el equipo auditor, la compra del predio tampoco cumplió los criterios técnicos establecidos por la Ley 160 de 1994 ni por el Decreto 1071 de 2015, que regulan la adquisición de tierras para programas de acceso progresivo.
Los análisis técnicos evidenciaron que la mayor parte del terreno corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, clasificados por el IGAC como improductivos e inapropiados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Esto significa que el predio no tenía vocación agropecuaria ni capacidad para soportar proyectos productivos, requisito indispensable para su ingreso al Fondo de Tierras.
Pese a ello, la ANT avanzó con la compra sin verificar previamente la situación jurídica, la ocupación real ni la aptitud productiva del predio, omitiendo los procedimientos técnicos necesarios para garantizar que la propiedad fuera apta, disponible y sostenible para los beneficiarios de la Reforma Rural Integral.
Impacto sobre la Reforma Rural Integral
La Contraloría concluyó que la adquisición de “La Grosería” produjo un impacto negativo en la eficiencia técnica y económica del programa, pues se destinaron recursos públicos a un predio sin condiciones para su aprovechamiento productivo y con presencia de ocupantes indeterminados.
La entidad determinó que los recursos invertidos $4.161 millones fueron utilizados de manera inadecuada, en contravía de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz y de la normatividad que regula el Fondo de Tierras.
En últimas, el predio no cumple con los criterios mínimos de uso del suelo, ni ofrece viabilidad para desarrollar proyectos agropecuarios, como exige la Reforma Rural Integral. Por ello, la Contraloría estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria contra los responsables de la compra por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
