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En la diligencia, desarrollada de forma virtual ante el juez Hugo Jr Carbonó, la defensa del exdiputado del Atlántico centró sus intervenciones en cuestionamientos al manejo de las pruebas y la actuación de la Fiscalía.
Número telefónico y “suplantación”
Carranza también pidió que se incorpore como prueba una respuesta de la empresa Tigo, con el fin de demostrar que un número atribuido a Nicolás Petro no era suyo. Según la defensa, alguien más habría enviado mensajes a su nombre desde esa línea, lo cual podría desvirtuar parte de la evidencia de la Fiscalía.
Carranza sostiene que este número no pertenecía a su defendido y que habría sido usado por un tercero para enviar mensajes a su nombre, lo cual —según el abogado— podría comprometer la validez de parte de la evidencia electrónica.
“Hubo mensajes que se enviaron desde esa línea a nombre de él, pero no era él quien los escribió. Esta prueba revelará quién usó esa SIM card, a nombre de quién estaba registrada y quién la reactivó luego de haber estado inactiva. Así se podrá debatir si alguien se hizo pasar por Nicolás Petro con información clave sobre el manejo de recursos”, explicó Carranza ante el juez.
Cuestionamientos al grupo de tareas de la Fiscalía
El defensor volvió a arremeter contra el ente acusador al denunciar lo que calificó como un “sesgo institucional” en el tratamiento del caso. En ese marco, presentó nuevos argumentos para cuestionar la legalidad del Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía para investigar a Nicolás Petro.
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Otro ángulo relevante de la defensa fue la denuncia sobre presuntas arbitrariedades en la conformación del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía para investigar al hijo del Presidente de la República. Carranza cuestionó si realmente era necesario un equipo de esa naturaleza, y si los funcionarios que solicitaron su creación tenían la competencia para hacerlo.
«Es uno de los primeros documentos por lo cual se hizo una petición de creación del Grupo de Tareas Especiales. Se hizo una irregular designación de un fiscal coordinador y del fiscal del caso Mario Andrés Burgos, de un fiscal de apoyo y de un fiscal de apoyo para el coordinador del grupo y se solicitaron los apoyos de Policía Judicial”.
“Queremos que quede constancia pública en esta audiencia sobre la conformación de ese grupo. la defensa está cuestionando la legalidad, la competencia y el método de integración de ese grupo de tareas especiales. Es necesario establecer si realmente estábamos frente a un fenómeno de macrocriminalidad o una estructura delictiva organizada que justificara dicha intervención especial”, señaló Carranza.
También cuestionó si los funcionarios que solicitaron a la fiscal general la creación del grupo tenían la competencia legal para hacerlo, si el fiscal lider tenía algún interes, hablo de la teoría del fruto envenado. Según la defensa, podrían haberse cometido arbitrariedades en esta etapa inicial del proceso.
“Vamos a revisar si el fiscal coordinador de ese caso, tenía algún conflicto de interés contra el fiscal del caso. Si hubo un número único de noticia criminal, si no se dieron los actos administrativos necesarios para designar al fiscal como correspondía”. abogado Carranza
Por solicitud del Juez Hugo Carbonó, la audiencia programada para realizarse en la jornada de la tarde, fue suspendida y se retomará el dia 19 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana. Según lo expresado por el funcionario debe atender una calamidad familiar por el fallecimiento de un familiar y temas personales.
Defensa insiste en demostrar legalidad de ingresos: fue deuda, no enriquecimiento
En la jornada anterior, la defensa anunció nuevas evidencias con las que espera probar que no hubo lavado de activos a través de empresas ni de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO), vinculada al entorno del procesado.
El abogado Carranza ha venido argumentando que Nicolás Petro sí contaba con ingresos lícitos durante su tiempo como diputado, y que los gastos personales observados en el expediente judicial se corresponden con su nivel de vida
Durante la diligencia, el abogado defensor Alejandro Carranza sostuvo que no existió un incremento patrimonial injustificado, sino un proceso de endeudamiento. “Mi cliente sí tuvo ingresos lícitos y periódicos como diputado”, indicó, y agregó que su estilo de vida —viajes, cenas y bienes— se ajusta a esos ingresos.
La defensa presentó certificaciones laborales, extractos financieros y otros documentos que, según el análisis, buscan demostrar que Nicolás Petro no utilizó su cargo para ocultar activos ni lavar dinero.
La apuesta psicológica: el perfil de Daysuris Vásquez
En la audiencia del martes el abogado Carranza solicitó incorporar en juicio un análisis psicológico de Daysuris Vásquez, exesposa del procesado y testigo clave de la Fiscalía.
“No es una testigo cualquiera”, argumentó el abogado, quien aseguró que su comportamiento público, su exposición en medios y redes sociales, y sus declaraciones, deben ser examinadas desde un enfoque psicológico. El objetivo: cuestionar la veracidad y motivaciones detrás de sus acusaciones.
Acusación de la Fiscalía: $1.050 millones sin justificar
Del lado de la Fiscalía, la fiscal Lucy Marcela Laborde ha presentado en el juicio más de 100 elementos probatorios que vinculan a Nicolás Petro con presuntas sumas de dinero no declaradas, provenientes de figuras como Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y Gabriel Hilsaca, hijo del controvertido empresario “Turco” Hilsaca.
Entre las pruebas se incluyen:
- Análisis financieros y bancarios.
- Declaraciones periciales.
- Registros de la DIAN.
- Compras en efectivo, incluidas propiedades y un vehículo Mazda.
- Mensajes extraídos de los celulares de Petro y Vásquez.
¿Interferencia en redes sociales?
El abogado también señaló que mientras él cuestionaba en audiencia el principio de oportunidad otorgado a Vásquez, ella publicó en X (antes Twitter) mensajes que calificó como intimidantes: “al tigre no se le pisa la cola”. Según Carranza, esto refleja un ambiente hostil hacia la defensa.
🔎 Lo que viene
En las próximas jornadas, el juez Hugo Carbonó deberá decidir qué pruebas serán admitidas en el juicio, incluidas las más polémicas como el examen psicológico a Vásquez. Este proceso —una mezcla de política, justicia y vida privada— seguirá siendo uno de los más vigilados del país.
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