El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo absolvió de todos los cargos. La sentencia completa fue publicada en la página web de Focus Noticias y puede ser consultada por los ciudadanos interesados en conocer los argumentos jurídicos de la decisión.
Durante la audiencia, el magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del fallo, aseguró que la sentencia de primera instancia “incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas”. En palabras del Tribunal, la valoración probatoria realizada por la jueza Sandra Liliana Heredia se basó en “apreciaciones subjetivas sobre la credibilidad de los testigos, sin aplicar criterios técnicos ni principios de lógica formal”.
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El fallo, leído en audiencia pública, concluye que no existen pruebas directas ni inferenciales que demuestren que Uribe hubiera instigado a exparamilitares para manipular testimonios. “La ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia”, señaló Merchán al explicar la decisión que deja sin efecto la condena contra el exmandatario.
Entre los puntos más relevantes del fallo de 1.171 paginas se encuentra la declaración de ilegalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, cuando por error fue intervenida la línea del entonces senador. “Se concluye que hubo vulneración al derecho a la intimidad (…) la interceptación se basó en información errónea, nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el teléfono de Uribe Vélez”, advirtió el magistrado.
Con 412 páginas, la Magistrada María Leonor Oviedo presentó el salvamento de voto del fallo mayoritario. Su posición: la conducta de Álvaro Uribe se ajusta a los delitos de soborno y fraude procesal como determinador.
El Tribunal también analizó los casos de los testigos Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez (alias Víctor) y Eurídice Cortés (alias Diana), determinando que las pruebas no acreditaron ofrecimientos ilícitos ni la existencia de instrucciones para inducir falsedades. “No basta con la existencia de una dádiva; debe probarse la intención ilícita”, enfatizó Merchán.
Asimismo, el fallo ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar un posible falso testimonio de alias Víctor y reprochó a la jueza Heredia por haber interpretado “falazmente recomendaciones de decir siempre la verdad como encargo ilícito sin evidencia”.
Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá cerró la etapa de segunda instancia del proceso, aunque las víctimas y la Fiscalía podrían interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso revisaría únicamente aspectos de derecho o eventuales irregularidades procesales.
El Senador y precandidato Iván Cepeda anunció que presentará el recurso extraordinario de casación.
El caso, que se remonta a 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, terminó con una investigación en contra del propio expresidente, en uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente de Colombia.
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