La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos que estarían vinculados al patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su entorno familiar. La decisión hace parte del proceso de extinción de dominio relacionado con la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2014 por parte de la multinacional brasileña Odebrecht.
El nuevo capítulo judicial revive uno de los mayores escándalos de corrupción política en América Latina y vuelve a poner bajo la lupa las investigaciones sobre el ingreso de recursos extranjeros a campañas presidenciales en Colombia.
Los bienes embargados
De acuerdo con la Fiscalía, las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo recaen sobre tres propiedades ubicadas en Bogotá y Caldas, cuyo valor conjunto supera los 3.664 millones de pesos.
Los bienes afectados son:
- Un apartamento en Bogotá.
- La tercera parte de una vivienda en Bogotá.
- Un inmueble ubicado en el municipio de Pensilvania, Caldas.
Según la investigación, algunas de estas propiedades pertenecieron directamente a Óscar Iván Zuluaga, aunque posteriormente habrían sido transferidas mediante donaciones realizadas en junio de 2023 a integrantes de su círculo familiar.
Con esta decisión, las autoridades buscan impedir que los inmuebles sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
La investigación detrás de la medida
La actuación fue impulsada por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.
Los investigadores sostienen que existen elementos materiales probatorios que vincularían estos activos con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial «Zuluaga Presidente 2014-2018».
Según el ente acusador, Odebrecht habría asumido el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad destinados a favorecer la candidatura presidencial de Zuluaga durante la contienda electoral de 2014.
La Fiscalía considera que esos recursos nunca fueron reportados oficialmente en los balances financieros de la campaña ni informados ante las autoridades electorales.
Los millonarios pagos que investiga la Fiscalía
La hipótesis de los investigadores señala que el dinero habría sido utilizado para contratar servicios de publicidad y estrategia política.
De acuerdo con la información recopilada durante el proceso, los recursos fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y relacionada con el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido internacionalmente como «Duda Mendonça».
Para la época, esas transferencias representaban más de 3.000 millones de pesos, una suma significativa dentro de una campaña presidencial.
La Fiscalía sostiene que el origen extranjero de esos recursos constituiría una violación directa a la legislación electoral colombiana.
¿Por qué la financiación sería ilegal?
El caso gira alrededor de una presunta vulneración del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe expresamente que campañas políticas colombianas reciban aportes económicos provenientes de personas jurídicas extranjeras.
Según la hipótesis judicial, el pago de Odebrecht habría constituido una forma de financiación prohibida, al provenir de una multinacional extranjera que, además, mantenía intereses económicos en Colombia relacionados con proyectos de infraestructura.
Por esa razón, la Fiscalía considera que los recursos investigados podrían tener origen ilícito para efectos de los procesos de extinción de dominio.
¿Qué significa el embargo de los bienes?
La medida no implica una condena ni una decisión definitiva sobre la propiedad de los inmuebles.
Se trata de una actuación preventiva que busca garantizar que los bienes permanezcan disponibles mientras la justicia determina si tienen relación con las conductas investigadas.
Durante el proceso de extinción de dominio, la Fiscalía deberá demostrar que los activos tendrían un vínculo directo o indirecto con actividades ilícitas o con recursos cuya procedencia no cumplía las exigencias legales.
Si un juez avala los argumentos presentados por el ente acusador, los inmuebles podrían pasar definitivamente a manos del Estado colombiano.
El escándalo Odebrecht que sacudió a Colombia
La decisión vuelve a poner en primer plano el denominado Caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas.
La constructora brasileña reconoció ante autoridades de varios países que pagó millonarios sobornos para obtener contratos de infraestructura en América Latina.
En Colombia, las investigaciones han involucrado a exfuncionarios, congresistas, contratistas y campañas políticas, debido a presuntos pagos irregulares realizados para favorecer intereses de la multinacional.
Las pesquisas también se han enfocado en determinar si parte de esos recursos fueron utilizados para financiar campañas presidenciales de manera ilegal.
El proceso contra Óscar Iván Zuluaga
Óscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial del Centro Democrático en las elecciones de 2014 y disputó la segunda vuelta electoral frente al entonces presidente Juan Manuel Santos.
Desde hace varios años ha enfrentado investigaciones relacionadas con la supuesta financiación de su campaña a través de recursos provenientes de Odebrecht.
La Fiscalía sostiene que existen evidencias que apuntan a la participación de la multinacional en la contratación de servicios publicitarios para favorecer la candidatura presidencial.
La defensa de Zuluaga ha rechazado reiteradamente las acusaciones y ha insistido en que será la justicia la encargada de determinar la realidad de los hechos.
Un nuevo capítulo judicial
La imposición de estas medidas cautelares representa uno de los movimientos más significativos recientes dentro de las investigaciones por Odebrecht en Colombia.
Mientras avanza el proceso de extinción de dominio, los tres inmuebles permanecerán bajo restricción judicial y no podrán ser negociados.
La decisión marca una nueva fase en uno de los expedientes más sensibles para la justicia colombiana, un caso que más de una década después de las elecciones de 2014 continúa generando consecuencias políticas, patrimoniales y judiciales.
