La política energética en Colombia atraviesa uno de sus momentos más inciertos.
Un sector históricamente guiado por la planeación técnica y la estabilidad enfrenta hoy un escenario de volatilidad marcado por anuncios improvisados, giros discursivos y decisiones contradictorias del Gobierno Nacional. El caso del gas natural —antes símbolo de tranquilidad— se ha convertido en el epicentro de una crisis que amenaza la seguridad energética del país.
En Colombia, la política energética parece haberse convertido en una auténtica montaña rusa. Cada giro, cada volantazo discursivo y cada anuncio improvisado del Gobierno Nacional han ido configurando un escenario de profunda incertidumbre en un sector que debería caracterizarse por la planeación técnica y la estabilidad a largo plazo. Si algún capítulo ejemplifica esta volatilidad, es el del gas natural: un recurso que históricamente brindó tranquilidad, pero que hoy es el epicentro de un vaivén político que amenaza directamente la seguridad energética del país.
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La historia reciente comenzó con el insistente propósito de revivir la importación de gas desde Venezuela. Primero la exministra Irene Vélez y luego su sucesor Andrés Camacho, se aferraron con terquedad a la idea de resucitar el Convenio Uribe–Chávez de 2004, congelado desde 2015 por incumplimientos del régimen venezolano. Diecinueve años después de aquella firma, Petro y Maduro declararon que la integración energética era “crucial”. Sin embargo, el entusiasmo político contrastaba con las advertencias técnicas.
A pesar de que Ecopetrol había señalado desde septiembre pasado que existían faltantes importantes de gas y limitaciones regulatorias que impedían ofertar mayores volúmenes, el Ministerio se dedicó a negar la escasez y a apostar al gas venezolano como si fuera una solución inmediata. Cuando desde todos los frentes empezaron a evidenciarse los problemas de capacidad, infraestructura y confiabilidad, llegó el primer giro dramático: Camacho reconoció que Venezuela era una “fuente incierta” política, técnica y financieramente. Pero mientras la narrativa cambiaba, el país ya había empezado a importar 40 millones de pies cúbicos diarios desde diciembre para suplir la demanda esencial.
Solo con el relevo ministerial, el presidente Petro reconoció la necesidad de adquirir gas en el exterior. Lo hizo, sin embargo, de la manera más abrupta posible: anunció que Ecopetrol “intervendrá en la importación” para comprar gas a Qatar “a precios razonables” y eliminar el “monopolio” de la importación, asegurando además que “nos están robando”. Pero los mercados energéticos no funcionan con expectativas voluntaristas. El precio del gas es uno solo: el del mercado internacional.
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Pretender que traerlo desde Qatar —literalmente al otro lado del mundo— sería más barato que importarlo desde Trinidad y Tobago o desde el Golfo de México es desconocer la lógica básica del transporte, la cadena de suministro y hasta la huella ambiental. El problema de fondo no es solo el origen del gas importado. Es la improvisación. Para abaratar costos se necesitarían contratos de largo plazo, mayor certidumbre regulatoria y reglas claras de la CREG sobre indexación de precios y traslado al consumidor final. Nada de eso existe hoy. En su lugar, Colombia compra gas en el mercado spot: el escenario más costoso y volátil.
Con Venezuela en la mira de Estados Unidos y con buques de guerra desplegados en el Caribe para combatir el narcotráfico y al denominado Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro respondió ordenando la suspensión inmediata del Acuerdo Marco de Cooperación Energética. Esta decisión golpea directamente los proyectos gasíferos con países vecinos y enciende las alarmas, especialmente porque en 2024 Venezuela vivió una de las peores crisis de desabastecimiento de gas doméstico: millones de familias tuvieron que volver a cocinar con leña ante la imposibilidad de acceder al gas.
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Que un país con semejante fragilidad interna sea hoy un socio inestable para la región no solo es preocupante, sino que evidencia la profunda vulnerabilidad que implica depender de su gas. En medio de este contexto geopolítico, el régimen venezolano anunció que la primera exportación de gas hacia Colombia “ya está lista”. Sin embargo, Frank Pearl, presidente de la ACP, aterrizó las expectativas: la infraestructura no está en condiciones y repararla tomaría entre 1,5 y 2 años. La idea de contar con gas venezolano en el corto plazo es sencillamente inviable. La tubería está deteriorada, la presión operativa no es segura y PDVSA no cuenta con la capacidad técnica ni económica para cumplir lo que promete.
Esto significa que la apuesta del Gobierno por Venezuela no solo fue técnicamente débil, sino estratégicamente riesgosa: Colombia confió en un proveedor que no podía entregar y descuidó decisiones urgentes para aumentar la oferta interna, mejorar la regulación y asegurar la infraestructura de importación.
Y si la dependencia del gas venezolano es incierta, la improvisación de la importación desde Qatar abre un nuevo campo de dudas, y no de soluciones. Mientras no haya reglas claras, contratos estables ni seguridad jurídica, el país seguirá comprando gas caro, llegando tarde y sin garantías de abastecimiento.
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Lo más grave no es el error puntual de un anuncio o la inexactitud de un dato. Lo peligroso es el vaivén permanente: hoy Venezuela, mañana Qatar, pasado quién sabe qué en el inmediato futuro. La política energética no puede depender de impulsos presidenciales, ni de giros de 180 grados, ni de promesas geopolíticas que nunca se materializan.
Colombia necesita certidumbre. Necesita una hoja de ruta técnica, estable y transparente. Lo que no puede permitirse —porque pone en riesgo su industria, sus hogares y su crecimiento— es seguir atrapada en una improvisación que amenaza la seguridad energética y que, si no se corrige, nos dejará pagando más por un recurso que antes teníamos en abundancia.
El gas no admite caprichos. Exige planificación. Y el país, hoy más que nunca, merece una política energética que deje de reaccionar y empiece a gobernar.
